El pasado fin de semana se rescató el sistema financiero español. Rescate, préstamo, ayuda, llámese como se quiera. Por fin se levantaron las alfombras donde se albergaba el expolio de miles de millones de euros, producto de los ahorros de varias generaciones de españoles que creímos que las cajas eran otra cosa, algo más nuestro, más social, menos interesadas que los bancos comerciales al uso.
Pero fue esa condición, la de ser propiedad de muchos, donde se encerraba el germen de su fracaso. Cuando el dinero no tiene dueño no faltan listos dispuestos a hacerlo suyo. Eran un “pastel” demasiado apetecible para que los politiquillos de turno tardaran en devorarlo.
Las cajas nacieron en la dictadura, con ella crecieron; en la transición, con el desarrollo económico, se consolidaron como entidades solidas, y fueron los tarugos de las democracias autonómicas, los únicos, después de más de cincuenta años de vida, que no aguantaron la tentación de fundírselas en cuatro días. Desde la promulgación de la Ley de Cajas, hasta la intervención de CCM, no pasaron más de diez años: todo un record.
Pero hablando del rescate: el lunes después de que este se produjera, tuve la oportunidad de escuchar numerosas opiniones en los sitios a los que acudo habitualmente, el banco, el café, el comercio del barrio. La gente estaba aliviada por el acontecimiento, pero la indignación era tanta, que a poco que alguien hiciese un comentario al respecto, al instante, se formaba un corro donde cada uno ponía de manifiesto su opinión, en la mayoría de los casos acertada. El final era siempre el mismo: o se toman medidas jurídicas contra los responsables de este desastre, o el responsable será Mariano Rajoy.
Ese es el reto que tiene ahora el gobierno. Cuando pase la tormenta, habrá que exigir las responsabilidades a que haya lugar. No puede ser que se meta la mano en el bolsillo de los españoles, y que los responsables de la ruina se vayan de rositas con jubilaciones millonarias y “que me quiten lo bailado”.
Aquellos que alegremente formaban parte de los órganos de las cajas, y que por un viajecito a Cuenca, una o dos veces al mes, con trasporte y comilona incluida, volvían a su casa con dos o tres mil euros en el bolsillo, no pueden negar desconocimiento, porque la responsabilidad, al menos, la cobraban. Aquellos “sesudos y expertos financieros”, que formaban comisiones y consejos, que se solazaban en viajes de ensueño de sus duras responsabilidades, por mor del puesto que ocupaban, no pueden decir que “pasaban por allí” solo para cobrar, en dinero o en especie, que de todo había.
Y si este oscuro episodio de la reciente Historia de España no se aclara convenientemente, se pasará factura al gobierno que facilite la impunidad. No podemos exigir el cumplimiento estricto de la Ley, cuando del yerno del Rey se trata, y luego dar por bueno semejante estafa. El rescate financiero se produjo el pasado sábado, ahora solo falta rescatar la dignidad de los que forzosamente tendrán que pagar la factura. ¡Ah!, y por cierto: eso también da credibilidad, esa que tanto se echa de menos dentro y fuera de España.
Pero fue esa condición, la de ser propiedad de muchos, donde se encerraba el germen de su fracaso. Cuando el dinero no tiene dueño no faltan listos dispuestos a hacerlo suyo. Eran un “pastel” demasiado apetecible para que los politiquillos de turno tardaran en devorarlo.
Las cajas nacieron en la dictadura, con ella crecieron; en la transición, con el desarrollo económico, se consolidaron como entidades solidas, y fueron los tarugos de las democracias autonómicas, los únicos, después de más de cincuenta años de vida, que no aguantaron la tentación de fundírselas en cuatro días. Desde la promulgación de la Ley de Cajas, hasta la intervención de CCM, no pasaron más de diez años: todo un record.
Pero hablando del rescate: el lunes después de que este se produjera, tuve la oportunidad de escuchar numerosas opiniones en los sitios a los que acudo habitualmente, el banco, el café, el comercio del barrio. La gente estaba aliviada por el acontecimiento, pero la indignación era tanta, que a poco que alguien hiciese un comentario al respecto, al instante, se formaba un corro donde cada uno ponía de manifiesto su opinión, en la mayoría de los casos acertada. El final era siempre el mismo: o se toman medidas jurídicas contra los responsables de este desastre, o el responsable será Mariano Rajoy.
Ese es el reto que tiene ahora el gobierno. Cuando pase la tormenta, habrá que exigir las responsabilidades a que haya lugar. No puede ser que se meta la mano en el bolsillo de los españoles, y que los responsables de la ruina se vayan de rositas con jubilaciones millonarias y “que me quiten lo bailado”.
Aquellos que alegremente formaban parte de los órganos de las cajas, y que por un viajecito a Cuenca, una o dos veces al mes, con trasporte y comilona incluida, volvían a su casa con dos o tres mil euros en el bolsillo, no pueden negar desconocimiento, porque la responsabilidad, al menos, la cobraban. Aquellos “sesudos y expertos financieros”, que formaban comisiones y consejos, que se solazaban en viajes de ensueño de sus duras responsabilidades, por mor del puesto que ocupaban, no pueden decir que “pasaban por allí” solo para cobrar, en dinero o en especie, que de todo había.
Y si este oscuro episodio de la reciente Historia de España no se aclara convenientemente, se pasará factura al gobierno que facilite la impunidad. No podemos exigir el cumplimiento estricto de la Ley, cuando del yerno del Rey se trata, y luego dar por bueno semejante estafa. El rescate financiero se produjo el pasado sábado, ahora solo falta rescatar la dignidad de los que forzosamente tendrán que pagar la factura. ¡Ah!, y por cierto: eso también da credibilidad, esa que tanto se echa de menos dentro y fuera de España.
