Creo tener algún derecho para hablar, con cierto conocimiento de causa, sobre el incendio de Guadalajara, aunque no sea más que por el hecho de haberme pasado todo el mes de agosto del año 95 metido en la comisión de investigación del mencionado incendio, amén de haber leído miles de folios de informes sobre el particular, nunca he leído tanto sobre una sola cosa. De hecho, junto con Lucrecio Serrano y José María Brís, fui el redactor, del documento de Conclusiones que presento el Grupo Parlamentario Popular en aquella comisión. http://www.documentosblogbenayas.blogspot.com/ .
Veo día a día como el caso sigue “caliente”, no ya por los acontecimientos judiciales que se están produciendo sobre la causa en marcha, lo cual sería lógico, sino por las continuas meteduras de pata del PSOE en este caso. Desde el primer día no dieron una. No la dieron a la hora de afrontar la extinción del incendio y no la están dando a la hora de administrar sus consecuencias.
La última es significativa, ellos no contaban con el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, por la ocurrencia de interferir desde las Cortes Regionales las decisiones que se deban tomar en el juzgado de Sigüenza. Los tiempos han cambiado, ya pasó a la historia aquellos comportamientos del alto tribunal siempre al auxilio de los intereses políticos de PSOE.
Pretender apartar de las responsabilidades de ese incendio a los políticos y funcionarios es una simpleza que por sí misma demuestra la desorientación del PSOE en este caso. Hay una responsabilidad clara de ambos agentes y sin embargo no veo tan clara la responsabilidad de unos excursionistas que hicieron fuego donde la Administración había dispuesto que se pudiera hacer. El cambio de criterio de la propia Administración prohibiendo el fuego a partir de esa fecha demuestra claramente su error de principio. Podrían, en todo caso, los políticos de la Junta asumir íntegramente las responsabilidades, cubriendo de esa manera la responsabilidad de los funcionarios, pero no lo harán porque sería romper un matrimonio de conveniencia que lleva funcionando demasiado tiempo.
En Castilla la Mancha desde el principio de los tiempos se ha producido una simbiosis, y como tal interesada, entre políticos y funcionarios, en la que los funcionarios disponían de “barra libre” siempre que el PSOE ganara las elecciones. Ese criterio quedó claro en la comisión:
La organización de la extinción no se estructuraba de acuerdo a criterios técnicos de eficacia en la gestión del incendio, sino a criterios políticos de conveniencia administrativa, de reparto de parcelas de poder donde cada jefe tuviese su finca. De hecho el centro de Urgencias y Emergencias -112- que funcionó muy bien como centro de coordinación en otras catástrofes, en esta, quedó descolgado merced a esos repartos de poder administrativo. La coordinación se llevó desde la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Guadalajara donde, por ejemplo, no había ni las líneas de teléfono ni el personal suficiente para atender el aluvión de llamadas que se produjeron aquellos días. Por eso a aquel incendio le llamaron “el incendio de los móviles”, pero el problema es que la cobertura en la zona dejaba mucho que desear.
Se produjeron errores que no se hubieran dado con una dirección técnica colegiada: Hubo un cierto divismo de la dirección del incendio con claros errores en el planteamiento inicial. Aquel no era, como se dijo, un incendio de máquinas, rechazando todo tipo de ayudas que se ofrecieron desde distintos puntos, no movilizando ni siquiera los retenes que se tenían disponibles. El problema es que las máquinas -buldócer de cadenas- deben ser transportados en góndolas, lo que impide su disponibilidad inmediata. Se perdió un tiempo precioso esperándolas. Solo el concurso la tarde del domingo de los retenes de Cuenca, con un nuevo director de extinción de aquella misma provincia, un ingeniero de montes competente, capaz, sencillo, pero eficaz, hizo que aquella noche se frenara el incendio en las puertas del Parque Natural del Alto Tajo, hasta ese momento solo se dieron “palos de ciego”.
El documento de conclusiones al que hago referencia en el primer párrafo, es una buena guía para conocer el cúmulo de errores y la falta de organización y medios que se pusieron en evidencia en el desarrollo de aquella catástrofe. No sé si todo aquello debería traer consecuencias penales, no se las deseo para ninguno de los implicados, pero sí debería tener consecuencias políticas más allá de las que se han depurado y por supuesto administrativas.
La simbiosis políticos-funcionarios en Castilla la Mancha ha funcionado a conveniencia de las dos partes. Al PSOE le ha ido muy bien y a determinados funcionarios también. Para ello solo ver la progresión de algunos de los que intervinieron en el caso que nos ocupa. En consecuencia es lógico que las responsabilidades que se pudiesen derivar de este caso sean también compartidas.
Veo día a día como el caso sigue “caliente”, no ya por los acontecimientos judiciales que se están produciendo sobre la causa en marcha, lo cual sería lógico, sino por las continuas meteduras de pata del PSOE en este caso. Desde el primer día no dieron una. No la dieron a la hora de afrontar la extinción del incendio y no la están dando a la hora de administrar sus consecuencias.
La última es significativa, ellos no contaban con el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, por la ocurrencia de interferir desde las Cortes Regionales las decisiones que se deban tomar en el juzgado de Sigüenza. Los tiempos han cambiado, ya pasó a la historia aquellos comportamientos del alto tribunal siempre al auxilio de los intereses políticos de PSOE.
Pretender apartar de las responsabilidades de ese incendio a los políticos y funcionarios es una simpleza que por sí misma demuestra la desorientación del PSOE en este caso. Hay una responsabilidad clara de ambos agentes y sin embargo no veo tan clara la responsabilidad de unos excursionistas que hicieron fuego donde la Administración había dispuesto que se pudiera hacer. El cambio de criterio de la propia Administración prohibiendo el fuego a partir de esa fecha demuestra claramente su error de principio. Podrían, en todo caso, los políticos de la Junta asumir íntegramente las responsabilidades, cubriendo de esa manera la responsabilidad de los funcionarios, pero no lo harán porque sería romper un matrimonio de conveniencia que lleva funcionando demasiado tiempo.
En Castilla la Mancha desde el principio de los tiempos se ha producido una simbiosis, y como tal interesada, entre políticos y funcionarios, en la que los funcionarios disponían de “barra libre” siempre que el PSOE ganara las elecciones. Ese criterio quedó claro en la comisión:
La organización de la extinción no se estructuraba de acuerdo a criterios técnicos de eficacia en la gestión del incendio, sino a criterios políticos de conveniencia administrativa, de reparto de parcelas de poder donde cada jefe tuviese su finca. De hecho el centro de Urgencias y Emergencias -112- que funcionó muy bien como centro de coordinación en otras catástrofes, en esta, quedó descolgado merced a esos repartos de poder administrativo. La coordinación se llevó desde la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Guadalajara donde, por ejemplo, no había ni las líneas de teléfono ni el personal suficiente para atender el aluvión de llamadas que se produjeron aquellos días. Por eso a aquel incendio le llamaron “el incendio de los móviles”, pero el problema es que la cobertura en la zona dejaba mucho que desear.
Se produjeron errores que no se hubieran dado con una dirección técnica colegiada: Hubo un cierto divismo de la dirección del incendio con claros errores en el planteamiento inicial. Aquel no era, como se dijo, un incendio de máquinas, rechazando todo tipo de ayudas que se ofrecieron desde distintos puntos, no movilizando ni siquiera los retenes que se tenían disponibles. El problema es que las máquinas -buldócer de cadenas- deben ser transportados en góndolas, lo que impide su disponibilidad inmediata. Se perdió un tiempo precioso esperándolas. Solo el concurso la tarde del domingo de los retenes de Cuenca, con un nuevo director de extinción de aquella misma provincia, un ingeniero de montes competente, capaz, sencillo, pero eficaz, hizo que aquella noche se frenara el incendio en las puertas del Parque Natural del Alto Tajo, hasta ese momento solo se dieron “palos de ciego”.
El documento de conclusiones al que hago referencia en el primer párrafo, es una buena guía para conocer el cúmulo de errores y la falta de organización y medios que se pusieron en evidencia en el desarrollo de aquella catástrofe. No sé si todo aquello debería traer consecuencias penales, no se las deseo para ninguno de los implicados, pero sí debería tener consecuencias políticas más allá de las que se han depurado y por supuesto administrativas.
La simbiosis políticos-funcionarios en Castilla la Mancha ha funcionado a conveniencia de las dos partes. Al PSOE le ha ido muy bien y a determinados funcionarios también. Para ello solo ver la progresión de algunos de los que intervinieron en el caso que nos ocupa. En consecuencia es lógico que las responsabilidades que se pudiesen derivar de este caso sean también compartidas.
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