Hace unos días hice referencia al Expolio, pintura. Hoy
después de leer lo que nos tiene preparado Montoro, con la nueva reforma
fiscal, no me queda otra que hablar del
expolio a los bolsillos de españoles.
De un tiempo a esta parte los españoles han sido objeto de
todo tipo de agresiones económicas: estafas, timos, engaños… cuando no
sustracción directa de sus bienes. Esta casuística tenía además algunas
características que la hacían singular: carácter masivo, ejecutada por instituciones, supuestamente
honestas, y sometidas a la supervisión del Estado. Una inmensa trampa donde era
difícil no caer si tenías la suerte de tener unos ahorrillos.
Empezó la cosa con GESCARTERA, siguió con AFINSA Y FORUM FILATÉLICO, sociedades
que a pesar de tener sentada en el consejo de administración a alguna hermana
de un secretario de estado de economía, al parecer, no eran conocidas ni del
Ministerio ni del Banco de España.
Siguió con las preferentes y las participadas, donde los
bancarios de toda la vida estafaron de manera inmisericorde a miles de
clientes, en su mayoría ahorradores de edad avanzada, mientras sus consejos de
administración se repartían cuantiosas indemnizaciones. El primer rescate
bancario no lo hizo el Gobierno Español, ni siquiera Bruselas. El primer
rescate lo hicieron los miles de ahorradores que se vieron privados de sus
ahorros mediante engaños y subterfugios. Muchos de los cuales nunca volverán a
verlos. Sencillamente se quedaron con nuestro dinero sin dar cuentas a nadie. Y
ahí estaban los Botín, los Fainé, los Blesa, los Serra, las cientos de cajas
que han amargando los últimos días de su vida a cientos de miles de españoles.
Los más previsores, los más ahorradores, los más austeros, los que se
sacrificaron a lo largo de toda su vida para asegurar su vejez, fueron las
víctimas propiciatorias de una caterva de sinvergüenzas sin escrúpulos, y de un
Estado cómplice entregado a los poderosos.
Mientras tanto las grandes corporaciones haciendo de las
suyas: las eléctricas cobrando lo que les parece y les consiente el gobierno,
claro hay que hacer méritos. La jubilación máxima que tienen acreditada los
ministros no da para su tren de vida. Es necesario un puestecito en algún
consejo de administración para seguir tirando. En este sentido la estafa de la tarifa
nocturna es de libro: meten a miles de usuarios que nunca pudieron tener
calefacción, solo había que instalar unos acumuladores, la obra era sencilla, ni
calderas ni depósitos de combustible; solo encender en invierno y apagar en el
buen tiempo. Muchas personas, en su mayoría jubilados, vieron la posibilidad de
abandonar la catalítica. El precio era asumible,… hasta que “llenaron el
trasmallo”. Entonces se cambió la ley y los que entonces tenían una calefacción
asequible, tuvieron que elegir entre calentarse o ver volar la pensión en los
meses de invierno.
Por seguir con la cosa de los voltios. La energía solar
fotovoltaica fue otra encerrona. Era una inversión a largo plazo, que daba un
buen rendimiento a partir de los diez primeros años, Ideal para una previsión
de futuro. Una vez más los que estaban a la puerta de la jubilación vieron en
estas inversiones una posibilidad de complementar su pensión. Entonces se
cambiaron las condiciones de lo contratado, vía legislación, y aquellas
inversiones dieron al traste. Seguridad jurídica cero. Luego nos quejamos del
trato de la Cristina Fernández a REPSOL en Vaca Muerta. ¿Acaso hay alguna
diferencia?. Los que querían asegurar sus pensiones no se dieron cuenta de que
en el gobierno había otros que tenían que asegurar las suyas, quizá en alguna
eléctrica.
Ahora viene Montoro con la reforma fiscal, necesitan más
dinero para alimentar el entramado político-funcionarial que es el verdadero conocer
de España. Y una vez más con los ahorradores
en el punto de mira. La reforma prevé la modificación del impuesto de
plusvalías en el sentido de no actualizar el precio de origen de las viviendas,
con lo cual el diferencial entre compra y venta se dispara en las viviendas más
antiguas. Por poner un ejemplo la diferencia en una vivienda que se comprara en el 1980 por 12.000 euros y
se vendiera en 2014 por 120.000, sería
de pagar 6.000 euros con la actual legislación a pagar 24.000 con la que se propone. Pero a eso deberemos
sumar el efecto de la burbuja catastral. Ese piso que posiblemente tenga un
valor catastral muy cercano a los 120000 que seguro elevaría el precio de venta
a efectos del cálculo del impuesto por encima de los 200.000, con lo que el
impuesto se iría a los 33.000, si a esto sumamos el impuesto de las
transmisiones patrimoniales que serían otros 20.000, resulta que de esta
transmisión el estado se llevaría 53.000 prácticamente la mitad del bien. A
esto se le llama confiscación, o algo peor.
Se llevaron los ahorros de los españoles con malas artes. Y ahora
se quieren llevar el patrimonio vía dictadura fiscal.
Resulta que el PP tiene fijado su porvenir electoral en el
miedo de los votantes a Podemos. Yo me
pregunto: ¿qué me va a quitar Pablo Iglesias que no me haya quitado Montoro.
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