Como consecuencia de la crisis, las Administraciones Públicas están haciendo un esfuerzo por ajustar los gastos, para ello, en muchos casos, la salida más socorrida es la privatización de los servicios, o al menos su gestión. Es algo que se viene haciendo desde hace muchos años con todo tipo de gobiernos, sin que haya habido problema alguno. Suministros de agua, recogida de residuos, asistencias técnicas, mantenimientos de todo tipo, en otros tiempos en manos de empleados públicos, hoy son responsabilidad de empresas privadas; que dan un servicio eficaz y a menos costo, a pesar de la falta de seriedad de las administraciones a la hora de pagar.
Últimamente, ante los brutales déficits de algunos servicios esenciales, como es el caso de la Sanidad, y ante la posibilidad de privatizar su gestión, los trabajadores de estos centros han llevado a cavo movilizaciones, en algunos casos con el apoyo de la población afectada, como fue el caso del hospital de Manzanares.
No es el único caso de resistencia a este tipo de medidas, resistencia que cuenta con el apoyo de los profesionales más cualificados, y de sus colegios profesionales, o de sus sindicatos ¿Cuál es la razón de esta resistencia?
La gestión profesional de los hospitales, sin duda, traerá mejoras en la gestión y en consecuencia un menor costo. ¿Por qué entonces la resistencia de esos profesionales? sin duda personas formadas y razonables. A mi juicio la respuesta está en los criterios de funcionamiento de estas instituciones, desde tiempo inmemorial.
Los criterios de funcionamiento de muchos hospitales, está y ha estado en manos de algunos jefes de servicio, dueños y señores en su servicio y si te descuidabas de todo el hospital, a poco que se juntaran dos o tres. Ellos decidían quien entraba o quien salía de su servicio, lo que se compraba y a quien, por su puesto todo se orienta según sus criterios, profesionales o personales siempre en beneficio de él o de su grupo.
En este pastel, como no podía ser de otra manera, no podían faltar los sindicatos, en este sentido referiré una anécdota: un buen día me encontré con un joven médico amigo de uno de mis hijos, que estaba preparando oposiciones para sacar la plaza de titular, le pregunté que de donde venía, y él me contesto: “de CCOO, de hacer un curso”, ante mi sorpresa, conociendo yo el ascendiente político del chico, este añadió: “es que son los que ponen las preguntas sobre la Constitución en el examen”. El curso costaba 150 €. Ni que decir que las mejores notas las sacaron los contratados de los servicios del presidente del tribunal y de sus componentes.
La gestión privada de los hospitales traerá como consecuencia el final del cortijo que se tienen montado muchos a costa de los llamados servicios públicos, y que ellos quieren que sigan siendo públicos para que siga habiendo cortijo donde hozar. Y en la medida en que estos servicios dejen de ser el cortijo de cuatro, podrán ser viables económicamente. Si Ana Mato cree que va a resolver el déficit sanitario a costa de estrujar por enésima vez el gasto farmacéutico, que supone el 12% del total, lo tiene claro.
No es único, el caso de los hospitales. La Universidad, es un claro ejemplo en donde la endogamia y el nepotismo han hecho estragos, sobre todo después del desbordamiento de las múltiples universidades regionales donde se pasaba del pupitre al estrado de un día para otro. Los clanes formados por los catedráticos, han conformado una universidad a su medida y capricho donde solo medran los que se avienen a sus intereses. Donde la excelencia solo se hace visible en el engolamiento de sus togas y bonetes y en la soberbia que suele acompañarles. ¿Cuánto cambiaría la Universidad si se rigiera con criterios académicos y de gestión eficaz? en vez de ser el refugio de tanto mediocre, y de tanto desheredado de la política.
Wert lo tiene crudo. Es difícil luchar contra el inmovilismo, y más cuando ese inmovilismo se disfraza de progresía. Y se equivoca con la subida de las tasas, no por que no estén justificadas, sino porque no es el camino. Los gastos universitarios deberían configurarse como un préstamo del Estado a cada estudiante a pagar a lo largo de su vida laboral.
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