martes, 1 de diciembre de 2009

EL SUELDO DE LOS POLÍTICOS

Siempre he pensado que una de las cosas más presentable de la clase política son sus sueldos que, a mi juicio, no pueden considerarse desmesurados, ni homologables a los que se cobran en los países de nuestro entorno, por supuesto, más altos.
A lo largo de mis responsabilidades en el PP, esto lo tuve claro, y traté de metérselo en la cabeza a aquellos que con un concepto entre pueril y acomplejado, pretendían hacer frente a sus responsabilidades políticas, sin la presencia y dedicación necesarias. Alguna alcaldía nos costó esta manera de entender la actividad política.
Me parecieron injustas, las críticas que en su día mis compañeros hicieron del sueldo de Barreda, que no considero desproporcionado: sesenta y tres mil euros de sueldo para una persona que administra nueve mil quinientos millones de presupuesto en modo alguno me parece criticable. Y más cuando en nuestras propias filas los hay que pueden estar ganando algo parecido “sin dar clavo”. O incluso más que él, sin causa razonable que lo justifique.
En los últimos días el tema de los sueldos de los políticos está de nuevo en el candelero, merced a la intención de María Dolores de Cospedal de renunciar a la indemnización que le corresponde como diputada regional, y a la cantidad de vicisitudes que semejante acto ha traído consigo. Aunque todo tiene su explicación:
Primero habría que conocer cuál es la naturaleza de esa indemnización. Los diputados regionales cobran en de dos conceptos: sueldo, que tiene el mismo tratamiento que el sueldo de cualquier trabajador, y la indemnización que es una cantidad que no tributa a Hacienda y que se recibe en concepto de compensación de los gastos ocasionados por el ejercicio de sus funciones. Podríamos decir que esta indemnización sería equiparable a las dietas que la Administración o cualquier empresa tiene previstas para los desplazamientos de sus empleados.
Esta indemnización, en las Cortes de Castilla la Mancha, también la cobran los diputados que no queriendo abandonar sus empleos, renuncian a la dedicación exclusiva. La cuestión está en que, en un momento determinado, a este supuesto se suman los consejeros que además son diputados regionales, y el propio presidente de la Junta. Indemnización que no se justifica en quienes tienen coche oficial y gastos de representación sin tasa.
Pero así las cosas, resultaba que si ellos tenían derecho a esa indemnización, también lo deberían tener los que tienen la dedicación exclusiva por estar en otras instituciones, como es el caso de los senadores por la Comunidad Autónoma, que suelen ser diputados regionales. También los del PP, como es el caso de la Presidenta Regional.
Pero si se defiende mal la indemnización en el caso de los consejeros y del presidente, se defiende aun peor en el caso de los senadores, porque su salario, también, es consecuencia de dos conceptos: sueldo e indemnización. Y digo que se justifica peor, porque en este caso se acumulan dos indemnizaciones y es muy difícil defender ese doble devengo. Aunque dicen que los senadores no creen en el cielo porque el cielo está en el Senado, no es menos cierto que todavía no tienen el don de la ubicuidad. Pero el PSOE no solo no puso pegas a este cobro por parte de los senadores, si no que les animó a ello, en la medida en que esta situación les blindaba de posibles críticas.
Sospecho que María Dolores de Cospedal, abogada del Estado de profesión, ha visto que esta situación podría ser motivo de conflicto. Por eso quiere renunciar a un cobro que, convenientemente manipulado, podría acarrearle más de un disgusto.
Y de ahí viene el desconcierto de los socialistas. ¿Cómo puede, la Mesa de las Cortes, decir que la indemnización es irrenunciable, si Bono nos la quitó y nos la puso a su antojo, cada vez que quería presionar el Grupo Popular para conseguir algo de nosotros. Cosa que además ocurrió en más de una ocasión?
El problema es que si se hiciera efectiva la renuncia, los socialistas se quedarían “con el culo al aire”.

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